El Partido Comunista de Venezuela (PCV), convertido en duro opositor del gobierno de Nicolás Maduro, fue intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y el pasado viernes, nombró a una nueva directiva en esta organización.
La sentencia del TSJ de Venezuela que cambia a los directivos del PCV es similar a veredictos que esa corte emitió en 2020 contra los principales partidos políticos de la oposición, reseñó DW.
#ALERTA Denunciamos ante el pueblo venezolano, los partidos comunistas, obreros y las fuerzas genuinamente antiimperialistas del mundo, que el Gobierno de Nicolás Maduro ha consumado el asalto contra el Partido Comunista de Venezuela a través de una arbitraria sentencia judicial… pic.twitter.com/UERKCfqR4e
— Partido Comunista de Venezuela ☭ (@PCV_Venezuela) August 12, 2023
La Sala Constitucional del TSJ nombró una «junta directiva ad hoc» en el PCV para que «organice los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados», indica el fallo.
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El dirigente que en julio pasado presentó un recurso contra la directiva comunista alegando que excluía a las bases de la organización, Henry Parra, fue designado presidente de la tolda.
PCV CONTRA MADURO
El PCV fue aliado del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013). Pero rompió con el Gobierno cuando Maduro empezó a flexibilizar férreos controles para tratar de reactivar la golpeada economía venezolana.
Además, la organización política cuestiona igualmente la disolución de los salarios por la inflación y la depreciación de la moneda local, cuando el sueldo mínimo equivale a menos de 5 dólares, complementado con diversos bonos estatales.
Mientras que el secretario general de la directiva depuesta, Óscar Figuera, calificó a quienes presentaron el recurso judicial de «grupo mercenario». Y les acusó de «una maniobra antidemocrática».
A finales de julio pasado, más de 300 políticos, intelectuales, sindicalistas y activistas de varios países firmaron una petición en la que solicitaban al gobierno de Maduro que se evitara «la judicialización» de esta organización.
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